La Cámara de Senadores de Santa Fe dio un paso determinante en la regulación del espacio público al convertir en ley el proyecto impulsado por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas. En una clara señal política, la Cámara alta rechazó los cambios que pretendía introducir Diputados e insistió con la versión aprobada en marzo, incorporando de forma estricta al Código de Convivencia provincial sanciones concretas contra la actividad no autorizada de los cuidacoches.
La normativa sanciona a quienes ofrezcan espacios de estacionamiento a cambio de dinero o contraprestación voluntaria o exigida, así como a quienes realicen tareas de guarda, cuidado o lavado de vehículos en la vía pública en distritos donde la actividad esté expresamente prohibida por ordenanza.
Trabajo comunitario, arresto y severos agravantes
El nuevo plexo normativo endurece la respuesta frente a las prácticas extorsivas y desarticula las redes informales que operan en las principales urbes de la provincia:
- Sanción base: De 2 a 10 días de trabajo comunitario junto con la prohibición de concurrir a la zona donde se cometió la falta.
- Reincidencia: Pena de 10 a 20 días de arresto efectivo.
- Agravantes al doble: Las penas se duplicarán si existen amenazas, violencia, si la actividad se ejerce en áreas de estacionamiento medido, eventos masivos, zonas bancarias, escolares, comerciales, en horario nocturno o aprovechando la vulnerabilidad de los automovilistas.
- Desarticulación de bandas: Se fijan penas de arresto para esquemas organizados entre dos o más personas, castigando con mayor severidad a los coordinadores.
«No nació en un escritorio»: la presión de los vecinos y el rol de los municipios
Durante la sesión, Seisas fue enfático respecto al trasfondo del proyecto: «Esto no nació en un escritorio: nació en los mensajes, comentarios y reclamos que nos mandaron cientos de vecinos. Existen bandas organizadas que extorsionan e intimidan». Asimismo, remarcó que la ley brinda la herramienta legal para que los intendentes ordenen la calle y puedan solicitar el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad provinciales.
Para evitar que la medida quede solo en el plano punitivo, la norma obliga al Ejecutivo provincial a articular con los municipios programas de capacitación, inserción laboral y atención integral de consumos problemáticos, garantizando una salida real a quienes ejercen la actividad por estricta vulnerabilidad social.
