En una nueva demostración de fuerza estatal sobre las estructuras del narcomenudeo, las fuerzas de seguridad provinciales derribaron este viernes dos búnkers de venta de drogas en barrio Las Flores de la ciudad de Rosario. Los operativos, ejecutados en Pasaje 556 —entre 5 de Agosto y Rosa Silvestre—, se realizaron en el marco de la Ley de Microtráfico y elevan a 86 los puntos inactivados en Rosario y a 145 los neutralizados en todo el territorio santafesino desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El derribo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandra Raigal. La intervención puso fin a un enclave de violencia que operaba contiguo a una estructura derrumbada un año atrás, demostrando la persistencia de las bandas por reocupar el espacio público.
Denuncias anónimas, armas secuestradas y 12 inmuebles acorralados
La investigación, llevada adelante por la Unidad de Microtráfico junto a la Policía Federal, tuvo su origen en alertas comunitarias ingresadas a la central 911 que permitieron cartografiar el entramado delictivo en el barrio:
- Despliegue investigativo: Se identificaron 12 domicilios dedicados a la comercialización y acopio de sustancias ilícitas.
- Incautaciones y detenciones: Durante los allanamientos previos se secuestró material estupefaciente, balanzas de precisión, posnet para cobro electrónico, celulares y armas de fuego, logrando la detención e prisión preventiva de los imputados.
- Respuesta sostenida: Las autoridades remarcaron que el combate al delito de menudeo se mantiene ininterrumpido en medio de la cobertura de seguridad por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El impacto de la Ley de Microtráfico en el espacio público
Sancionada a fines de 2023, la Ley de Microtráfico dota a la Justicia provincial y al Ejecutivo de herramientas operativas para intervenir directamente sobre las estructuras físicas donde se consolida el delito. Los funcionarios destacaron la participación de los vecinos mediante denuncias anónimas para desactivar estos focos de violencia que desarticulan el tejido social en los barrios vulnerables.
La demolición de estas guaridas marca un paso necesario en la recuperación del control territorial por parte del Estado, en una contienda abierta contra las redes de narcotráfico que intentan sostener sus economías ilegales a costa de la tranquilidad de las familias santafesinas.
