Un día después de que un potente sismo de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudiera el suroeste de Panamá, las autoridades de emergencia despliegan un intenso operativo de relevamiento y contención territorial. El epicentro del fenómeno sísmico se localizó en las cercanías de la localidad de Tonosí, sintiéndose con fuerza en nueve provincias y provocando evacuaciones masivas, pánico en los grandes centros urbanos y severos daños materiales, aunque afortunadamente sin que se hayan registrado víctimas fatales ni personas desaparecidas.
El reporte consolidado del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó un saldo de al menos 27 heridos leves, más de 300 personas evacuadas y severas afectaciones en unas 400 infraestructuras públicas y privadas. Entre los inmuebles dañados figuran 188 establecimientos educativos, 142 viviendas particulares, 20 centros de salud y diversos edificios gubernamentales. La situación más crítica se concentró en la provincia de Coclé, donde el colapso parcial de la sede de la Gobernación de Penonomé y el derrumbe de una de las torres de la catedral San Juan Bautista grafican la violencia del temblor.
Incomunicación en zonas rurales y monitoreo de réplicas
Las secuelas del terremoto generaron complicaciones estructurales en la red vial del país centroamericano. Se reportan deslizamientos de tierra y grietas en tramos carreteros y puentes, dejando a cinco comunidades aisladas en el interior. En la provincia de Los Santos, en tanto, cientos de pobladores costeros debieron ser trasladados preventivamente a zonas elevadas por variaciones en el nivel del mar registradas inmediatamente después del sismo principal.
En Ciudad de Panamá, las intensas sacudidas en rascacielos derivaron en la evacuación espontánea de miles de residentes hacia la vía pública. Los organismos técnicos de geociencias han contabilizado más de un centenar de réplicas en las horas posteriores al evento principal, por lo que las fuerzas de rescate y protección civil mantienen el estado de alerta preventiva y la asistencia logística en las zonas donde los servicios de agua potabilizada e infraestructura vial resultaron comprometidos.
