La aparente estabilidad de la tasa de empleo oculta un feroz deterioro en la estructura social de la Argentina. Detrás de las estadísticas oficiales se esconde una profunda precarización del mercado de trabajo: en solo tres años se destruyeron cerca de 485 mil puestos asalariados de calidad y se sumaron más de 692 mil personas al cuentapropismo informal, consolidando lo que expertos denominan un «modelo changa» impulsado por la desesperación salarial.
Un informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) —sobre la base de datos oficiales del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026— revela que el desempleo abierto trepó al 7,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), sumando a más de 403 mil personas a la desocupación. Sin embargo, el fenómeno más crítico es la llamada desocupación ampliada —que contempla a desocupados y subocupados que buscan desesperadamente trabajar más horas—, la cual escaló al 15,9%. Si se evalúa la presión total sobre el mercado laboral, más del 30% de la población activa necesita urgentemente sumar ingresos para cubrir la canasta básica.
El cambio de matriz productiva es contundente. Más del 94% de los empleos asalariados destruidos en los últimos tres años eran puestos de trabajo registrados, con aportes jubilatorios y cobertura médica. La expulsión del sistema formal redujo la participación de los trabajadores protegidos al 43,8% del total de ocupados, mientras que la suma de trabajadores no registrados y cuentapropistas ya representa la mayoría absoluta del mercado con el 52,2%. En el universo del trabajo independiente, la informalidad alcanza un abrumador 65,8%.
Esta reconversión forzada del empleo asalariado hacia la «individualización» de las tareas traslada todo el riesgo sobre las espaldas del trabajador. Lejos de representar un salto hacia el emprendedurismo o la autonomía económica, la proliferación del cuentapropismo, las plataformas digitales y las changas ocasionales actúa como un mecanismo de subsistencia que enmascara la pérdida de derechos, destruye el salario real y desfinancia de forma irreversible el sistema previsional.
