En un intento por frenar el descontrol sonoro y devolver la tranquilidad a los barrios, avanza en el Concejo Municipal de Rosario un severo proyecto de reforma al Código de Convivencia Ciudadana para castigar la circulación de motocicletas con escapes libres, modificados o no homologados. La iniciativa, impulsada por los concejales Federico Lifschitz y Alicia Pino, ya cuenta con borrador de despacho favorable en la comisión de Gobierno y fija sanciones pecuniarias que escalan hasta las 1.500 Unidades Fijas (UF), lo que a valores actuales supera los 3,4 millones de pesos.
Tomando como referencia la UF indexada al precio del litro de nafta súper ($2.269), el piso mínimo de la multa por esta infracción se elevaría a $2.269.000 y alcanzará un techo de $3.403.500. Al tratarse de un valor móvil atado al costo de los combustibles, la penalización económica se actualizará de forma automática, buscando asestar un golpe persuasivo al bolsillo de los infractores.
La medida no se limita al impacto monetario. Para los reincidentes, el proyecto contempla un régimen de sanciones punitivas que incluye la inhabilitación para conducir por un período de entre 90 y 120 días. Asimismo, la normativa alcanza a todo vehículo que exceda los decibeles permitidos mediante dispositivos caseros o sistemas de escape alterados para multiplicar el ruido ambiental.
El aspecto más radical de la propuesta regula el destino de los vehículos remitidos a los corralones municipales. Si el titular registral no retira la motocicleta en un plazo de 15 días corridos tras la debida notificación, la Comuna podrá declararla en estado de abandono y activar el proceso de descontaminación, compactación y venta como chatarra. La medida también se aplicará con efecto retroactivo sobre los motovehículos que ya se encuentran acumulados en depósitos oficiales por este tipo de faltas, exceptuando únicamente a las unidades que cuenten con trabas judiciales o medidas cautelares vigentes.
