El gendarme argentino Nahuel Gallo formalizó un pedido implacable ante los tribunales federales argentinos para decretar la detención e interpolar la captura internacional de cinco altos funcionarios del régimen venezolano. La medida busca responsabilizar a la estructura judicial y penitenciaria de la dictadura por los 448 días en los que permaneció arbitrariamente privado de su libertad, sufriendo torturas y tratos inhumanos en la prisión de El Rodeo I.
Entre los acusados destaca Tarek William Saab, quien se desempeñaba como fiscal general durante la detención de Gallo y actual defensor del pueblo encargado del régimen. La nómina de imputados por presuntos crímenes de lesa humanidad incluye también a los directores del penal El Rodeo I, Carlos Enrique Rincones Serven («Tiburón») y Alexander José Martínez Endeiza, además del juez Carlos Enrique Liendo Acosta y el fiscal Farik Karín Mora Salcedo, artífices del armado judicial contra el ciudadano argentino.
El testimonio de Gallo describe un engranaje sistemático de persecución y abusos en el penal venezolano, al que calificó como un centro sistemático de sufrimiento marcado por la incomunicación absoluta, vejaciones físicas y humillaciones psicológicas. Sus declaraciones se sumaron al expediente tramitado en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal para juzgar delitos aberrantes perpetrados fuera del territorio nacional.
El reclamo pone contra las cuerdas los mecanismos de impunidad regionales y revalida las denuncias sobre la complicidad de las instituciones venezolanas en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Mientras la querella impulsa las alertas rojas para frenar la impunidad de los señalados, el caso reaviva la exigencia social para que la Justicia argentina actúe con firmeza e imponga sanciones efectivas a los ejecutores del régimen dictatorial.
