Una nueva denuncia penal vuelve a poner bajo la lupa la crisis de control, seguridad y vulnerabilidad que atraviesa el Cementerio Municipal de Santa Fe. Las autoridades locales acudieron a la Justicia tras confirmar que la sepultura de un lactante fue removida sin autorización previa, un episodio que reabre los cuestionamientos sobre el resguardo del patrimonio y el respeto por los derechos de las familias en la necrópolis capitalina.
El hecho fue descubierto de manera fortuita por un visitante del predio, quien advirtió irregularidades en una tumba y dio aviso inmediato al personal administrativo. A partir de ese momento, la dirección del cementerio contactó a la madre del niño —titular de la sepultura— para notificarle la presunta exhumación y coordinar el posterior traslado de los restos a un nicho formal. La mujer, que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad, sugirió posibles disputas intrafamiliares como detonante del suceso, hipótesis que ya forma parte de las actuaciones judiciales en curso.
Este preocupante episodio no constituye un evento aislado, sino que se enmarca en una secuencia constante de fallas en la vigilancia interna del predio. Desde la propia dirección ejecutiva admitieron la radicación de casi una veintena de denuncias penales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por actos de vandalismo, robos y desacatos dentro de las instalaciones. La reiteración de este tipo de maniobras ilegales expone la urgencia de aplicar políticas efectivas de custodia y control, impidiendo que la desidia institucional siga vulnerando a la ciudadanía.
