La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo de máxima tensión internacional tras la decisión del Gobierno británico de convocar formalmente a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. La reacción del Foreign Office se produjo en respuesta al procedimiento de arbitraje internacional impulsado por la gestión de Javier Milei, una medida orientada a paralizar las operaciones ilegítimas de extracción de hidrocarburos en la plataforma continental del Atlántico Sur.
La subsecretaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, rechazó la acción argentina alegando que atenta contra los intereses económicos de los habitantes de las islas y defendió la legalidad del controvertido proyecto petrolero Sea Lion. Desde Londres amenazaron además con un congelamiento en los vínculos bilaterales, ratificando su histórica postura colonialista sobre el derecho de autodeterminación y la supuesta validez de las licencias otorgadas al margen de la legislación argentina.
Por su parte, el Ejecutivo nacional encuadró el reclamo en el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) e intimó al Reino Unido a acatar la suspensión de los trabajos de las operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. A la par de la vía judicial internacional, Cancillería notificó a más de 200 empresas e inversores globales sobre la ilegalidad de operar en la zona, dejando en claro que la defensa de los recursos estratégicos de la provincia y la nación exige firmeza institucional y acciones concretas sin concesiones diplomáticas.
