La Universidad de Cornell enfrenta una severa crisis institucional tras la demanda civil presentada por una exestudiante que denunció haber sido drogada y violada por siete miembros de una fraternidad en el campus, en un caso que expone el manto de impunidad y las falencias en los protocolos de protección a las víctimas.
El rector de la prestigiosa casa de estudios de la Ivy League, Michael Kotlikoff, reconoció públicamente que la institución debe asumir su responsabilidad y transformar de raíz su respuesta ante las agresiones sexuales. La denunciante, identificada como Jane Doe, radicó la demanda civil tras denunciar que en octubre de 2024 fue sometida durante horas en la sede de la fraternidad Chi Phi tras ser intoxicada con alcohol y ketamina, un hecho que la policía universitaria investigó sin elevar cargos ni aplicar sanciones efectivas a los involucrados.
El caso desató una fuerte ola de indignación y protestas entre el estudiantado, que exige reformas inmediatas frente a la complicidad de las autoridades con la cultura del abuso y los excesos en las hermandades. La presión social e institucional derivó en la intervención de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ordenó a la Fiscalía General del Estado revisar de forma independiente la actuación policial y administrativa de la universidad.
Esta encrucijada expone la necesidad urgente de desmantelar las estructuras corporativas que encubren los abusos dentro de los ámbitos universitarios. Mientras avanzan las investigaciones externas y la demanda judicial, la comunidad académica reclama medidas ejemplares que terminen con la arbitrariedad, garanticen justicia para la víctima y pongan fin a la protección de las redes de poder juvenil en el campus.
