El camino hacia la formalidad productiva en la Argentina continúa obstaculizado por una densa entramada burocrática. Según datos del Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom junto a la Fundación Libertad, poner en marcha una pequeña o mediana empresa en el país requiere un promedio de casi 100 días entre trámites y esperas de aprobación. Esta cifra ubica a la Argentina entre las siete naciones con mayor demora para la apertura de negocios dentro del lote de 27 países evaluados en América Latina y Europa.
El principal cuello de botella se concentra en la obtención de habilitaciones y permisos específicos de cada rubro, un proceso que insume más de un tercio del plazo total. Las demoras resultan dispares según la actividad económica, golpeando de manera implacable al sector industrial y a la construcción, donde la tramitación puede estirarse hasta los 140 días. En contraposición, en áreas como el comercio, los servicios y el agro, los plazos se mantienen por debajo de las 90 jornadas.
No obstante, el relevamiento señala que una vez superada la barrera inicial de apertura, la carga administrativa diaria disminuye, insumiendo unas tres horas diarias para gestiones impositivas y laborales. Ante este escenario, especialistas remarcan que la ansiada agilización y desregulación del marco productivo no depende únicamente del ámbito nacional, sino que exige un compromiso urgente e ineludible por parte de provincias y municipios para desmantelar las tramas locales que asfixian la inversión.
