A semanas de las elecciones generales en Israel, la contienda política por la conformación del próximo Gobierno se trasladó al plano aeronáutico e institucional. El oficialismo conducido por el primer ministro Benjamín Netanyahu puso en marcha una ofensiva judicial para bloquear «Fly & Vote», una iniciativa civil que facilita el regreso de decenas de miles de israelíes residentes en el extranjero para que puedan emitir su sufragio el próximo 27 de octubre.
Dado que la legislación electoral israelí prohíbe el voto a distancia y por correo para la ciudadanía común —restringiendo el derecho exclusivo a diplomáticos—, cerca del 10% de la población empadronada que reside en el exterior debe ingresar físicamente al país para votar. Ante la paridad absoluta que reflejan los sondeos entre la coalición oficialista de extrema derecha y la oposición fraccionada, el partido Likud presentó un recurso ante la Comisión Electoral Central alegando que la logística de pasajes grupales y la asistencia organizativa constituyen un beneficio prohibido y una injerencia de financiamiento externo en el proceso democrático.
La maniobra oficialista encendió alarmas sobre eventuales restricciones operativas en los aeropuertos impulsadas desde el propio Ministerio de Transportes para alterar el flujo de pasajeros en la jornada electoral. Mientras los sectores opositores denuncian un intento abierto de censura electoral para neutralizar el voto liberal en el extranjero, los organizadores de la iniciativa aseguran que la demanda solo ha logrado multiplicar el número de registros de votantes decididos a regresar para definir el rumbo político del pais.
