El juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, activó oficialmente el periodo de cram down o salvataje para la empresa Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin. La medida judicial responde a la imposibilidad de la firma de alcanzar la mayoría de conformidades requeridas para aprobar su acuerdo preventivo de acreedores, luego de que el Banco de la Nación Argentina —titular de más del 80% del pasivo computable— impusiera su veto decisivo frente a la propuesta formulada por la conducción empresaria.
La apertura del registro de salvataje habilitará entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 la presentación de planes de reestructuración por parte de acreedores interesados o agrupaciones de trabajadores bajo modalidad cooperativa. De no formalizarse ofertas que cuenten con el aval del capital y de las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras, el magistrado quedará compelido a dictar la quiebra definitiva y ordenar la liquidación de las plantas situadas en Reconquista, General Pinedo y Bandera.
El cuadro operativo de la compañía evidencia un estado de fragilidad severa. Las instalaciones industriales operan al 60% de su capacidad útil por obsolescencia del equipamiento y falta de mantenimiento, sosteniendo sus ingresos mediante contratos de fazón con terceros que se destinan en forma prioritaria a cubrir los salarios de los 360 trabajadores restantes. En paralelo, la sindicatura determinó la existencia de deudas posconcursales acumuladas por un monto de $6.818,7 millones, factor que complejiza la atracción de inversión privada.
Frente a la inminencia del plazo procesal, la eventual articulación de una cooperativa de operarios surge como la principal hipótesis de continuidad fabril, condicionado su impacto a la intervención del gobierno provincial en términos de financiamiento y soporte de infraestructura. La crisis de la hilandera se enmarca a su vez en el concurso madre de la agroexportadora Vicentin, objeto de investigación en el fuero penal por presuntas maniobras financieras ligadas a la gestión corporativa regional.
