La recurrencia de tragedias en la industria extractiva trasandina vuelve a exponer las frágiles condiciones de seguridad con las que operan los trabajadores del sector. Un operario de 61 años falleció en las primeras horas de este miércoles tras desbarrancarse unos 50 metros la maquinaria que conducía en la mina Rajo Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal. El trágico suceso eleva la cifra a siete mineros fallecidos en los últimos 22 días y a 13 víctimas en lo que va del año 2026.
La víctima, identificada como J.L.R.V., se desempeñaba para una firma contratista de la Minera Las Cenizas y realizaba tareas de remoción de tierra al momento del colapso. El hecho fue advertido luego de que el jefe de turno no lograra establecer comunicación con la máquina, encontrando posteriormente al conductor sin vida en el fondo de la excavación. Tras confirmarse el deceso, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ordenó la parálisis inmediata de las operaciones e inició peritajes para determinar posibles negligencias operativas.
Esta seguidilla de muertes laborales no representa un hecho aislado, sino la continuidad de una crisis estructural de precarización que ya en 2025 registró un incremento del 81,8% en la mortalidad del sector. Los recientes accidentes en los yacimientos de Illapel, El Teniente, Minera Escondida y Radomiro Tomic ratifican un patrón sistemático donde la rentabilidad productiva parece priorizarse por encima de las inspecciones exigidas y la preservación de la vida humana.
