En una muestra de pragmatismo parlamentario que reconfigura las tensiones dentro del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que reemplaza la actual emergencia en discapacidad por un régimen permanente. Con un aplastante resultado de 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, el oficialismo logró destrabar una iniciativa sensible tras tejer un acuerdo clave con el peronismo. La norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, pasa ahora al Senado para su sanción definitiva, abriendo el debate sobre el verdadero alcance y la sustentabilidad del nuevo esquema legal.
La trastienda del consenso exigió febriles negociaciones durante toda la jornada. Referentes de Unión por la Patria mantuvieron intensas reuniones con agrupaciones y colectivos del sector para convencerlos de confluir en el dictamen de mayoría, abandonando la postura inicial de prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2027. Desde la oposición, el diputado rosarino Germán Martínez justificó el acompañamiento señalando que el proyecto rescata el 75% del texto de la emergencia, aunque admitió que la ley es «perfectible» y condicionó su impacto a las partidas que finalmente se asignen en el debate del Presupuesto Nacional.
Por su parte, la bancada oficialista celebró el resultado destacando el trabajo articulado entre sectores que arrastraban profundas desconfianzas mutuas. La nueva legislación toma como base los beneficios de la Ley 27.793, pero le quita el carácter de transitoriedad para transformarla en una norma de orden público y aplicación permanente. Sin embargo, más allá de los discursos de triunfo y la retórica de la «eficiencia», la verdadera prueba de fuego para este nuevo marco normativo estará en las garantías presupuestarias reales que aseguren que el fin de la emergencia no se traduzca en un ajuste encubierto sobre las prestaciones.
