El clima político en la provincia de Santa Fe vuelve a su punto de máxima ebullición. Este jueves 5 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados abordará en el recinto el proyecto de «fortalecimiento de la seguridad pública» impulsado por el Poder Ejecutivo, un paquete normativo que propone otorgar mayores facultades de detención y control a las fuerzas policiales, modificar el Código Procesal Penal y reformar el régimen penitenciario. La iniciativa, rubricada por el gobernador Maximiliano Pullaro como herramienta clave contra el crimen organizado, desembarca tras meses de negociaciones estancadas y con un amplio rechazo por parte de sectores judiciales.
La avanzada del oficialismo tropieza con reparos de peso institucional. En rondas de consulta previas, la Corte Suprema de Justicia en pleno, colegios de abogados y defensorías públicas advirtieron que la redacción original vulnera garantías constitucionales básicas, al equiparar la creación de «zonas de intervención policial especial» con un Estado de sitio encubierto y habilitar la toma de declaraciones sin presencia defensiva obligatoria. Frente a estas objeciones, la insistencia del Ejecutivo provincial por mantener el texto duro generó fisuras insalvables con el Partido Socialista, principal socio de la Unión Cívica Radical dentro del frente oficialista.
El debate legislativo expuso sin filtro las disputas de poder en Unidos para Cambiar Santa Fe. Los reclamos por la demora parlamentaria expresados por senadores del riñón radical encontraron una dura respuesta en la Cámara baja por parte del bloque socialista, donde exigieron frenar los abusos de poder, revisar el esquema de facultades policiales y sumar al debate el control sobre el lavado de dinero. Ante la falta de consenso total y con un tratamiento sobre tablas condicionado, la sesión legislativa pondrá a prueba la cohesión de la alianza gobernante y definirá si el proyecto oficial sufre severos recortes estructurales.
