La asfixia financiera que paraliza a la Municipalidad de San Javier dejó al descubierto una feroz disputa política en el corazón de la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina. Con trabajadores municipales que acumulan más de dos meses de atraso en sus haberes y aguinaldos, la intendenta Maribel González y el senador departamental Oscar Dolzani cruzaron duras acusaciones sobre la responsabilidad del colapso, mientras el fantasma de una eventual intervención administrativa sobrevuela los pasillos del municipio y FESTRAM amenaza con un paro a nivel provincial.
La jefa comunal atribuye el quebranto al desplome de la coparticipación, la caída de la recaudación y la falta de liquidez estructural, evaluando incluso un plan de achique que contemple la reducción de la planta de personal. Sin embargo, desde el sector que responde al senador Dolzani acusan a la gestión local de malversación operativa, señalando el desvío de aportes provinciales de obras públicas para cubrir la masa salarial y cuestionando la rendición de adelantos financieros por $300 millones. La tensión escaló al punto que la propia intendenta debió salir a cruzar públicamente los rumores impulsados por el entorno del legislador sobre una posible intervención al Ejecutivo sanjavierino.
En el medio, la parálisis de los servicios públicos y la angustia de los trabajadores continúan sin respuesta concreta. Pese al anuncio propagandístico del senador junto al ministro de Gobierno, Fabián Bastia, sobre un supuesto auxilio de $85 millones por parte de la gestión de Maximiliano Pullaro, el municipio confirmó que los fondos aún no han sido acreditados en las arcas locales. La crisis institucional no solo expone el límite del ajuste sobre las arcas municipales en el norte provincial, sino también el costo político de una interna oficialista que toma como rehenes a los vecinos y trabajadores de San Javier.
