El paquete de once leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro vuelve al centro de la escena política santafesina tras meses de postergación. Un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados convocó a representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública. La movida busca destrabar el análisis de las iniciativas, mientras la sociedad exige respuestas efectivas pero institucionales frente a la problemática criminal.
A pesar de la retórica oficial sobre la urgencia de dotar de mayores herramientas a la policía y a los fiscales, la coalición gobernante Unidos no logró consolidar un acuerdo interno. Sectores legislativos afirman que la discusión no será un trámite expeditivo para convalidar las propuestas del Ejecutivo. Por el contrario, existen serias objeciones técnicas a puntos sensibles, tales como la flexibilización de garantías penales, la toma de declaraciones sin la presencia inmediata de defensores, la amplificación de requisas y los allanamientos sin orden judicial previa.
La confrontación entre las pretensiones de la Casa Gris y los límites que fija la Constitución coloca el debate en una zona de alta tensión. Voces judiciales y legislativas advierten que, de aprobarse la letra original promovida por el ministro Pablo Cococcioni, varias normas terminarían indefectiblemente judicializadas. Ante este escenario, la Legislatura prevé ampliar las rondas de consulta a universidades y colegios profesionales durante octubre para evitar la aprobación de leyes vulnerables a planteos de inconstitucionalidad.
