Una investigación del Ministerio Público de la Acusación derivó en la detención de Cintia Paola Hurt, de 34 años, acusada de integrar una banda dedicada a extorsionar a comerciantes y vecinos de Rosario. La mujer presentaba un pedido de captura activo tras evadir una serie de operativos realizados semanas atrás en el barrio Las Flores. La causa expone una vez más la vulnerabilidad de los controles en los establecimientos penitenciarios santafesinos, desde donde su pareja, un recluso alojado en un penal provincial, coordinaba las maniobras delictivas mediante el uso ininterrumpido de telefonía celular.
El entramado criminal consistía en exigir sumas de dinero en efectivo e intimidar a las víctimas para obligarlas a abandonar sus propiedades bajo amenaza de muerte. Durante los procedimientos ordenados por el fiscal Carlos Covani, agentes de la Policía de Investigaciones lograron el secuestro de siete armas de fuego de diverso calibre —entre ellas una ametralladora—, evidencia que da cuenta de la capacidad operativa y el nivel de armamento que manejaba la célula delictiva en el territorio.
Tras los arrestos, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad aseguraron que la estructura delictiva quedó totalmente desarticulada, al tiempo que instaron a la ciudadanía a radicar denuncias al 911 ante hechos de extorsión. Sin embargo, el caso reaviva la preocupación pública sobre la persistencia de dispositivos de comunicación en los pabellones carcelarios y la urgencia de fortalecer los protocolos de requisa para impedir que se continúen ordenando delitos desde el encierro.
