19 noviembre, 2026
WhatsApp Image 2026-09-03 at 2.30.55 PM

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro. La aprobación de la iniciativa —que ahora pasó a la Cámara de Diputados— pone en el centro de la escena política el rol de los magistrados provinciales, intimándolos a actuar con celeridad frente a un flagelo social que no da tregua. La movida legislativa busca dar respuesta a una problemática crítica en la provincia, aunque vuelve a interpelar la capacidad de los poderes del Estado para transformar los textos normativos en soluciones efectivas para las víctimas.

Consenso en el recinto y la urgencia de superar los discursos de ocasión

La sesión parlamentaria contó con el respaldo articulado de la mayoría oficialista y del bloque del Partido Justicialista, cuyos senadores presentes, Alcides Calvo y Rubén Pirola, acompañaron el texto tras realizar aportes al mensaje de la Casa Gris. Desde la presidencia provisional del Senado, Felipe Michlig destacó la búsqueda de unanimidad mediante mesas de diálogo con ministros y legisladores de diversos bloques. Sin embargo, en un escenario atravesado por el alarmante incremento de femicidios y situaciones de vulnerabilidad en la provincia, la coincidencia política en el recinto exige compromisos de implementación concretos y partidas presupuestarias reales que eviten que la norma quede como una simple declaración de buenas intenciones.

Clasificación del riesgo, tobilleras duales y la responsabilidad directa de los jueces

Presentado oportunamente por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, el proyecto fija pautas claras para regular dispositivos como las tobilleras duales y establece la obligatoriedad de que las autoridades judiciales de todos los fueros actúen sin dilaciones. A su vez, impone una escala de clasificación en cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y crítico) para fijar medidas de protección diferenciadas. La reforma apunta directo a la responsabilidad de los jueces y agentes estatales, estableciendo que la resguarda inmediata de la víctima debe ser la prioridad absoluta en un sistema institucional históricamente señalado por sus demoras y fallas de seguimiento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *