Un hombre de 32 años, identificado como Brian Armando Aquino, fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitado por una década para la tenencia de armamento tras ser hallado penalmente responsable del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. La resolución fue dictada por la jueza Susana Luna en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, tras comprobarse que el imputado se valía de su registro oficial como legítimo usuario para adquirir pistolas de grueso calibre en armerías locales y luego desviarlas hacia circuitos delictivos de la región.
La investigación, liderada por la fiscal Juliana González en el marco de acuerdos de trazabilidad entre el Ministerio Público de la Acusación y organismos nacionales de control, reveló una maniobra sistemática de acopio y reventa ilegal. Aquino registraba a su nombre cinco pistolas calibre .380 y cuatro calibre 9 milímetros adquiridas entre 2021 y 2025. Los peritajes patrimoniales demostraron que el acusado carecía del respaldo económico para justificar legalmente semejante volumen de compras, alimentando el circuito mediante el margen de ganancia obtenido en el mercado negro.
La maniobra quedó al descubierto durante los allanamientos efectuados por la Policía Federal Argentina al momento de su detención, donde las fuerzas de seguridad solo lograron incautar dos de las nueve armas registradas oficialmente. Las siete restantes carecían de denuncias por robo o extravío, confirmando la hipótesis de abastecimiento clandestino. Incluso, una de las pistolas .380 comercializadas por la red fue secuestrada en un procedimiento policial en manos de un delincuente posteriormente condenado por tentativa de homicidio.
